Los dirigentes de dos provincias bolivianas acordaron poner fin a las protestas sobre la jurisdicción del campo de gas Margarita, uno de los más importantes del país, y esperar una decisión judicial.
El acuerdo alcanzado en La Paz, la capital, entre los representantes de las provincias de Gran Chaco y O'Connor, ambas del departamento sureño de Tarija, busca reducir la tensión en el conflicto, que la semana pasada dejó un muerto y decenas de heridos.
El yacimiento es gestionado por la petrolera hispano-argentina Repsol YPF y los daños provocados por los manifestantes que lo ocuparon, causaron la interrupción momentánea del suministro de gas natural a Brasil y Argentina, los principales mercados del hidrocarburo boliviano.
De este modo, un conflicto que comenzó siendo local tuvo repercusiones internacionales.
Por eso, el gobierno de Bolivia decidió intervenir en el diferendo e impulsó el inicio del diálogo entre las provincias rivales, que este lunes se comprometieron a acatar el fallo sobre el litigio, cuando se anuncie.
En el encuentro también participaron el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, y legisladores.
La próxima reunión está prevista para el 18 de mayo.
Tras un acuerdo político
El prefecto interino de Tarija, Mauricio Lea Plaza, le dijo a BBC Mundo que las negociaciones tenían por objeto calmar las aguas, no resolver la disputa limítrofe.
"Los temas de fronteras en general se dilucidan en el ámbito procesal. En consecuencia, lo que se intenta es generar acuerdos de carácter político. Se ha avanzado en la exposición de los argumentos, que son fuertes en ambos casos".
Tanto los habitantes de Gran Chaco como los de O'Connor dicen merecer un mejor porcentaje de las retribuciones de las multinacionales por sus extracciones en Margarita.
Los analistas afirman que lo que está en disputa son unos US$25 millones anuales en regalías por la explotación del yacimiento.
Niveles mínimos
Según el prefecto interino de Tarija, el pozo opera desde el 2004 pero sus niveles de explotación "son mínimos todavía".
"No obstante, el potencial es grande. Claro que se requieren inversiones para aprovechar toda su capacidad, y tenemos fe de que llegarán capitales siempre y cuando haya seguridad jurídica", completó.
La disputa por el yacimiento de Margarita recrudeció ante el aumento de los precios del gas.
El presidente boliviano, Evo Morales, dijo al respecto: "Cuando hay más plata, hay más pelea y eso tiene que terminar".
La tensión también aumentó ante un inminente fallo que determinará el límite entre las dos provincias y, por lo tanto, la jurisdicción sobre el campo gasífero.
Confusión de límites
Las fronteras internas en Bolivia son un problema de larga data.
"Nuestra legislación de creación de provincias, cantones y todas las unidades político-administrativas siempre ha tenido grandes deficiencias", explicó Lea Plaza.
"Por lo tanto, la delimitación territorial ha sido una gran debilidad y ha generado vacíos jurídicos".
El proceso de demarcación entre Gran Chaco y O'Connor ha sido controvertido.
La primera provincia planteó un recurso legal para cambiar la sede del tribunal por considerar que la prefectura de Tarija tenía intereses en el campo gasífero de Margarita, al haber hecho inversiones en él.
Por este motivo, el gobierno nacional decidió dejar el proceso en manos del departamento de Potosí.
Según Lea Plaza, quien hasta este cambio actuaba como juez en la causa, el fallo se conocerá "muy pronto".
